El alquiler en España: una ayuda desigual

Los 210 euros de subvención al alquiler suponen en algunas ciudades más de la mitad de la renta mientras que en otras no llegan al 20% del total

La más llamativa, la ayuda directa que, a partir de ese momento, percibirán los jóvenes de entre 22 y 30 años de edad y que asciende a 210 euros mensuales hasta un máximo de 48 meses. Una cantidad que no afectará por igual a todos ellos.

Repercusión en los precios
Los que menos la notarán serán los madrileños. El precio medio del alquiler en la capital llega hasta los 1.248 euros mensuales, por lo que esta ayuda sólo supondrá el 16,8% de la renta. Algo parecido ocurre en Barcelona, donde la cantidad ofrecida permitirá pagar el 18,8% de los 1.119 que cuesta de media un piso. En el País Vasco, la situación tampoco cambia demasiado. Los niveles que ha alcanzado el alquiler en San Sebastián o Bilbao -1.075 y 984 euros, respectivamente- hacen que la ayuda sólo suponga el 19,5% y el 21,3% del precio total del arrendamiento. En una situación algo más favorable se encuentran los jóvenes de ciudades como Valencia, donde se cubrirá un 21,8% de la mensualidad, y Sevilla (25,4% de la renta).

"A pesar de la buena intención de la medida, es probable que parte de su efecto se vea aminorado por subidas en los precios de alquiler"
En otras capitales el ahorro que supondrá esta medida es mayor, como en el caso de Granada, donde, desde un precio medio por alquiler de 649 euros mensuales, la ayuda gubernamental cubre casi un tercio del pago (32,3%). En el otro extremo, la ciudad donde más se hará notar la medida es Lugo. Con un alquiler medio de 400 euros, esta ayuda supone más de la mitad del pago total que afrontarán los jóvenes. Soria (49,3%), Teruel (47,8%) y Orense (46,9%) son otras de las ciudades donde sus jóvenes podrán costearse gran parte del arrendamiento gracias a esta iniciativa.

Eso sí, suponiendo que no suban los precios. Una tendencia que ya apuntan muchos expertos del sector. "A pesar de la buena intención de la medida, es probable que parte de su efecto se vea aminorado por subidas en los precios de alquiler -afirma Jesús Encinar, consejero delegado de Idealista.com-; si hay más dinero a la caza de las mismas viviendas en alquiler, lo único que se consigue es subir su precio".

Para evitar un hipotético incremento de los precios, el Gobierno completará las medidas anunciadas con iniciativas para que los propietarios de viviendas saquen al mercado de alquiler sus casas vacías, ofreciéndoles garantías en materia de daños, desperfectos, impagos y desahucios. Una antigua demanda de los profesionales del sector, que apuntan también a beneficios fiscales como una de las posibles soluciones a esta problemática. "Creemos que las medidas del Ministerio de la Vivienda son muy positivas, pero insuficientes para fomentar la salida de más hogares al mercado del alquiler; también son importantes las ventajas fiscales para los propietarios, independientemente de que los inquilinos sean jóvenes o no", declara Javier Íscar de Hoyos, secretario general de la Asociación Europea de Arbitraje (AEADE).

Aplicación por comunidades autónomas

Las ayudas al alquiler anunciadas por el Gobierno central no tendrán la misma aplicación en todo el territorio español. Aunque la medida es de carácter estatal, son varias las autonomías ?las que tienen transferidas las competencias en materia de Vivienda? que tendrán todavía la última palabra en este asunto.

Mientras algunos gobiernos regionales aplauden la iniciativa (caso de Andalucía o Aragón) y otros hacen referencia a una posible invasión de sus atribuciones (en este sentido se han manifestado miembros de los gobiernos gallego y catalán), otras la critican abiertamente, como la Comunidad de Madrid o la Comunidad Valenciana.

Sin embargo, la respuesta más negativa ha venido del Gobierno vasco, donde aseguran que estas ayudas no tendrán aplicación en el País Vasco y han descartado medidas similares. La razón que alegan es que esta iniciativa puede implicar una subida de los precios.

Tampoco parece que la nueva deducción fiscal recientemente anunciada vaya a ser recibida con igual alegría en todos los territorios. Frente a los 1.352 euros que podrá deducirse como máximo un inquilino a partir del próximo día 1 de enero, las comunidades autónomas ya ofrecen desgravaciones que llegan, en el caso del País Vasco, a los 1.600 euros. Todas las regiones, salvo Aragón, Castilla-La Mancha, Murcia y La Rioja, contemplan la deducción por alquiler en su tramo asignado del IRPF.

Reacciones para todos los gustos
Las reacciones ante el anuncio del Gobierno no dejan de sucederse desde que éste se produjese el pasado martes. En general, el sector aplaude la determinación de poner en marcha un plan de ayudas a los jóvenes. "Valoramos muy positivamente cualquier actuación orientada a facilitar el acceso a la vivienda por parte de los jóvenes. La medida servirá para estimular el mercado de alquiler en el actual momento de contención", afirma Juan Ramón Doral, director de operaciones de Facilisimo.com.

"Se deberían tener en cuenta otros criterios a la hora de seleccionar a las personas que se pueden beneficiar de estas ayudas, como el nivel de renta"
Sin embargo, también se levantan voces que consideran demasiado restrictivas las condiciones que deben cumplir los destinatarios de las ayudas, que no permiten que se puedan beneficiar de ellas otros colectivos desfavorecidos en el acceso a una vivienda. Es el caso de los inmigrantes (los beneficiarios deberán contar con residencia oficial en España desde al menos cuatro años); desempleados (hay que tener contrato para poder optar a estas ayudas); y jubilados. "Se deberían tener en cuenta otros criterios a la hora de seleccionar a las personas que se pueden beneficiar de estas ayudas, como el nivel de renta", declara Óscar Martínez Solozábal, presidente de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios (APEI).

División entre los jóvenes

También entre los propios destinatarios de estas medidas se produce una división de opiniones. Colectivos como el Consejo de la Juventud de España (CJE) considera que "las propuestas hechas públicas por el Gobierno recogen en gran medida la reivindicación histórica de este organismo: la apuesta firme y decidida por el alquiler como la mejor opción para avanzar en la emancipación de los jóvenes". Otro gran paso, según este colectivo, es que este anuncio "supone el reconocimiento de la gravedad del problema y el compromiso por alcanzar soluciones reales".

"Es un plan apresurado del que sólo se han detallado sus dos principales propuestas; el resto de las medidas están sin concretar, tanto en su coste como en su desarrollo posterior"
El Movimiento por una Vivienda Digna, sin embargo, considera las medidas insuficientes para paliar la situación de los jóvenes. 'V de Vivienda', una de sus plataformas más representativas, considera el Plan de Fomento del Alquiler como "un plan apresurado, que en principio iba a presentarse en octubre, y del que sólo se han detallado sus dos principales propuestas; el resto de las medidas están sin concretar, tanto en su coste como en su desarrollo posterior". También abordan el temor a una posible subida de precios afirmando que los incentivos en forma de ayudas directas y de desgravaciones fiscales no garantizan que los alquileres no vayan a subir. "A la falta de una verdadera competencia en el mercado del alquiler, tan escasamente desarrollado en nuestro país, nada impedirá a los arrendadores subir el precio de los alquileres; más teniendo en cuenta que sus inquilinos dispondrán de una mayor cantidad de dinero para hacer frente a los mismos", añaden.

Los datos siguen demostrando la urgencia de poner en marcha todas aquellas políticas y planes de emancipación que consigan adecuar los precios de la vivienda en compra y en alquiler al salario medio que cobran los jóvenes: esta misma semana hemos conocido, de mano del Consejo de la Juventud de España, los datos del Observatorio Joven de Vivienda correspondientes al primer trimestre de 2007. El informe revela que una persona joven debería cobrar un 121,13% más para poder comprar una vivienda. A pesar de las opiniones diversas, estas dos asociaciones coinciden en sus peticiones. Ambas reclaman que se fije un tope máximo para establecer el precio de los alquileres, que proteja a los arrendatarios; y la creación de un parque público de viviendas en alquiler, que dé un uso social a los más de tres millones de viviendas vacías que hay censadas en nuestro país a través de su inclusión en una bolsa de alquiler público.

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