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 | Tema: Informe Otálvora: ETA - Farc y Chávez: la investigacion española  Dom 07 Mar 2010, 6:50 pm | |
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Edgar C. Otálvora en Informe Otálvora - El Nuevo País
* Chávez poco interesado en una cita con Uribe
* Desde el año 2008 las autoridades españolas trabajaban en el caso de los vínculos entre ETA, Farc y el gobierno venezolano
* Venezuela estaría evaluando la opción de retirarse de la OEA
* PDVSA endeudada y en mora con Petrobras
Las gestiones del dominicano Leonel Fernández para bajar las tensiones entre Chávez y el presidente colombiano comenzaron el pasado viernes, con pocas posibilidades de éxito. Fernández viajó a Bogotá donde fue recibido por Uribe en compañía de Luis Guillermo Plata su ministro de Comercio y del viceministro de Defensa Jorge Mario Eastman. En el encuentro el tema de la presencia de las Farc en territorio venezolano fue parte de la agenda. Fernández regresó a su país luego de visitar la fronteriza ciudad de Cúcuta para conocer de cerca el impacto del boicot comercial impuesto por Venezuela a Colombia.
Venezuela no muestra interés en adelantar una cita con Uribe, prefiriendo esperar los resultados electorales colombianos de mayo próximo. Para no desairar a Fernández, Chávez ha optado por enviar a su canciller a Santo Domingo para escuchar su propuesta.
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El lunes 01 de marzo fue especialmente agitado para la imagen exterior del gobierno Chávez, quien se encontraba de viaje a Uruguay. Ese día fue difundido un Auto de Procedimiento mediante el cual un alto tribunal español ordenaba la detención de un grupo de personas asociadas a ETA y las Farc, revelando que esas organizaciones operan conjuntamente en territorio venezolano con apoyo oficial. De visita en Alemania, el presidente español, Rodríguez Zapatero, dijo a la prensa que exigiría “explicaciones” a Hugo Chávez, lo cual desencadenó la furia en el Palacio de Miraflores.
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Las noticias que llegaban de Madrid se sumaban a una racha de eventos internacionales y domésticos negativos para Hugo Chávez que se habían producido en la última semana de febrero. Desde la agria disputa con Álvaro Uribe en México hasta un cacerolazo propinado a Chávez en El Valle, un sector popular del suroeste de Caracas, el final de febrero no había sido particularmente benévolo para el mandatario venezolano. Esa misma semana había sido difundido el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que deja mal parado al régimen venezolano. Por esos días, también, se produjo un apagón eléctrico que afectó al Palacio de Miraflores en momentos cuando Chávez realizaba una rueda de prensa internacional.
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El documento emitido por el juez de la Audiencia Nacional española, Eloy Velasco, rápidamente fue distribuido a nivel mundial. El Canciller español Miguel Ángel Moratinos fue el encargado de ejecutar una operación de control de daños ante Chávez, importante cliente de mercadería española. Moratinos previno a Chávez sobre la decisión del juez español y, luego desmintió públicamente a su jefe asegurando que Zapatero había querido decir “información” y no “explicaciones”. Ya a finales de semana, Moratinos negoció con la cancillería venezolana la firma de un comunicado conjunto mediante el cual el español avaló un pronunciamiento de Caracas, que refuta y desmiente “las informaciones publicadas sobre una supuesta colaboración con la organización terrorista ETA”. El canciller español, desmintiendo al juez Velasco, buscó ganar tiempo en lo que pudiera ser un choque con Venezuela, ya que las investigaciones judiciales proseguirán.
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La difusión del documento español vino acompañada con otros hechos que daban golpes por los flancos a Chávez. Ese día el portavoz del Departamento de Estado de EEUU, Philip Crowley, afirmó que su país tiene “preocupaciones muy válidas con respecto a Venezuela y algunas de sus actividades, particularmente con respecto a sus vecinos”. Casi en simultaneo, dos senadores estadounidenses, el republicano Dick Lugar y el demócrata Christopher Dodd se refirieron a la “erosión” de los derechos humanos en Venezuela y exigieron que la OEA debata el informe del CIDH. Dodd hasta ahora había sido uno de los parlamentarios estadounidenses que servían de puente entre Chávez y Washington abogando por mejorar las relaciones con Caracas.
El día aún terminaba para Chávez: el Departamento de Estado liberó el 01 de marzo su informe anual sobre lucha antinarcóticos. El documento sostiene que el gobierno Chávez no colabora suficientemente en el combate mundial contra el narcotráfico, pero además menciona que efectivos de las fuerzas de seguridad venezolanas “asisten directamente” a las Farc.
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Ese mismo día se cumplían dos años de la Operación Fénix, ejecutada por las Fuerzas Militares Colombianas en territorio ecuatoriano. En aquella acción Colombia incautó computadoras y otros medios de almacenamiento de información digital, que formaban parte de la “oficina” de Raúl Reyes, jefe de las relaciones internacionales de las Farc, número tres en la línea de mando y yerno del para entonces jefe Manuel Marulanda.
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“Obran diligencias en este procedimiento que ponen de manifiesto la cooperación gubernamental venezolana en la ilícita colaboración entre las Farc y la ETA”. Así reza el Auto de Procedimiento emitido por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional española.
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La decisión del juez español estaría sustentada no sólo en información recaudada en la Operación Fénix del 2008. Se sabe que agentes policiales españoles estuvieron en Colombia a finales del 2009 interrogando a ex guerrilleros de las Farc acogidos a programas de reinserción. La colaboración judicial entre los dos países para investigar las relaciones entre Farc, la ETA y Venezuela se habría afinado durante la visita a Bogotá del fiscal Jefe de la Audiencia Nacional española, Javier Zaragoza, a mediados del año 2008.
Fuentes españolas señalan que el gobierno venezolano no ha ocultado sus vínculos políticos con ETA. Ejemplifican que el Movimiento Continental Bolivariano (MCB) fundado en diciembre pasado en Caracas, heredero de la Coordinadora Continental Bolivariana, aprobó entre sus acuerdos fundacionales luchar por la libertad de “presos de guerra” en Euskal Herria. Como se recordará, un informe oficial ecuatoriano ligó al MCB con las Farc.
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El gobierno venezolano se debate entre abandonar la OEA mientras arma un frente de países que procure ganar la Secretaría General. Los nombres del brasileño Celso Amorim y del derrocado presidente hondureño Manuel Zelaya serían algunas de las cartas barajadas por Caracas y La Habana. Washington no pareciera interesado en desgastarse procurando un acuerdo alrededor de alguna candidatura. Existe la posibilidad de que José Miguel Insulza, por defecto, conserve su cargo.
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El acuerdo de Chávez - Lula para construir una refinería en Pernambuco (noreste brasileño) implica que PDVSA debe aportar inmediatamente US$ 500 millones, para compensar las inversiones que ya Petrobras ha realizado. Tras seis meses de atraso en el pago, en Petrobras se estaría evaluando la posibilidad de ejecutar en solitario la obra cuya construcción arrancó en septiembre del 2007.
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El apoyo a Haití tras el terremoto del 12 de enero, fue utilizado tanto por EEUU como por Rusia en tareas de preparación militar para actuaciones en el Caribe.
Rusia ejecutó un puente aéreo, con grandes aviones de carga IL-76, operando desde aeropuertos venezolanos.
EEUU, por su parte, desplegó miles de soldados en corto tiempo. Además, con base en el acuerdo entre Washington y Bogotá para el uso de bases militares, la ayuda colombiana fue trasladada a Haití en aviones estadounidenses que despegaron desde Colombia. | |
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