Otra vez más, los anormales socialistas hablando de la corrupción del PP.

Como decía mi padre, siempre habla quien más tiene que callar, y en este caso concreto es toda esta manada de LADRONES y SINVERGÜENZAS los que más deberían de callarse.

Los  últimos escándalos del PSOE.
Los casos de corrupción se multiplican en la cúpula del PSOE sin que Pedro Sánchez y sus socios digan ni mu, están muy bien mamando de la teta del estado español.

El PSOE, habitualmente dado a un papel inquisitorial con los deslices o corrupciones del resto de los partidos, especialmente si es el PP, maneja una muy distinta vara de medir cuando son sus dirigentes y sus cargos públicos los cogidos en renuncio.

María Jesús Montero y los EREs
En los años del PSOE de los EREs en Andalucía, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, fue consejera de Salud de 2004 a 2010, tanto con Chaves como con Griñán. Luego entre 2013 y 2018 fue consejera de Hacienda y Administración Pública.
Montero aseguró no saber nada de lo que sucedió en el gobierno andaluz, pero eso sí, mostró públicamente su solidaridad con sus compañeros condenados por el caso. “Yo también soy hoy Antonio Lozano, Ventura, Magdalena Álvarez, Salgueiro, Valverde y tantos otros. Mi apoyo y compromiso”, decía la ministra en un tuit de 2013, cuando se imputó a buena parte del PSOE andaluz.
Todas las personas que mencionó Montero acabaron condenados en la sentencia de los EREs.

Ribera e Isofotón
La vicepresidenta del gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, fue directiva de la empresa Isofotón, investigada por malversar 80 millones en ayudas en euros mediante ayudas a fondo perdido y préstamos plagados de irregularidades durante los gobiernos del gobierno del PSOE en la Junta de Andalucía. Causa que todavía se investiga en los tribunales.
Isofotón fue en su día una puerta giratoria para la ministra después de dejar la Secretaría de Estado para el Cambio Climático del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Ribera llegó pocos meses antes del cierre de la empresa solar y después de que fuera vendida por un euro.
Pese al absoluto silencio decretado por Moncloa en relación al caso Isofotón que salpica a tres miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, este asunto que investiga la justicia en Andalucía de la etapa de la Junta socialista.
Los tres afectados, la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, y los ministros de Hacienda, María Jesús Montero, y de Agricultura, Luis Planas, han rechazado las reiteradas peticiones de dimisión del PP por el caso de las subvenciones que el Gobierno socialista concedió a la empresa Isofotón.
Eso sí, no se han escuchado ninguna explicación convincente y menos aún aclaraciones sobre el oscuro papel de Ribera, la más próxima al escándalo, y que se las ha visto con el diputado del PP  Juan Diego Requena.
"Es una lista de mentira, infamias y difamaciones", ha espetado la vicepresidenta a la pregunta de Requena, que ha acusado a la dirigente socialista de haber borrado de su currículum su pasado en la empresa Isofotón y de haber recibido ayuda de sus actuales compañeros de Gabinete, Montero y Planas.
En este sentido Ribera, visiblemente incómoda, ha negado una antigua relación con María Jesús Montero, entonces consejera de la Junta, asegurando que conoció a la actual ministra de Hacienda cuando coincidieron en el Consejo de Ministros, durante la primera legislatura de Pedro Sánchez.

Móstoles, todos imputados
El Ayuntamiento de Móstoles dirigido por el PSOE de Madrid es una fuente de escándalos continua. A los conocidos enchufes de su alcaldesa, Noelia Posse, se suma ahora la imputación de todo el gobierno municipal.
La jueza de Instrucción número 1 de Móstoles ha citado como investigados a los todos los miembros que componen la Junta de Gobierno del municipio, formada por concejales del PSOE y una de Podemos, por la presunta comisión de un delito de malversación y otro continuado de prevaricación en relación a la condonación de una deuda de 2,4 millones de euros a una empresa de ITV.
La alcaldesa socialista de Móstoles, Noelia Posse, ha defendido "la legalidad" del nombramiento de su hermana como coordinadora de mensajes y redes sociales del Ayuntamiento, un cargo de libre designación remunerado con 52.000 euros anuales.
"Como sabéis, la ley permite nombrar a funcionarios eventuales para ayudar, en este caso para asesorar al Gobierno, y siempre los hacemos a la capacitación que tienen e incluso a la confianza", ha explicado la primera edil.
En este sentido, ha insistido en que "la ley no indica ni tasa como se debe de realizar" estas designaciones, recalcando que se trata de funcionarios eventuales "que cesan cuando, en este caso, cesa la alcaldesa o cuando crean conveniente que deba cesar".
En cuanto a las funciones que ejercerá la nueva coordinadora de mensajes y redes sociales del Consistorio, Laura Posse, la regidora ha detallado que ya se está ocupando de llevar a cabo distintas labores de comunicación, "apoyando a prensa", y que, además, "dará un empuje, un impulso, a la página web y a las redes sociales de este Ayuntamiento", con el objetivo de "modernizarlo".
Respecto a las críticas lanzadas desde Ciudadanos que le acusan de "nepotismo", Posse ha defendido que "tiene los mismos derechos y oportunidades que cualquier otro militante del PSOE en este caso", recalcando que Laura Posse lo es desde hace muchos años y destacando su "capacitación profesional".
Finalmente, ha querido subrayar que, independientemente de si es familia o no es familia, lo que nosotros buscamos es un objetivo, que es ayudar a los vecinos de esta ciudad, y eso lo cumplimos con el personal que creemos necesario, que esté capacitado y que sea de la confianza del Gobierno".

Granada y el alcalde imputado
El socialista Francisco Cuenca volvió a la alcaldía de Granada con el apoyo de Ciudadanos -que rompió el acuerdo con el PP-  y Podemos. Cuenca sigue estando imputado en varias causas, en las que se le acusa de presuntos delitos de prevaricación, fraude en la contratación administrativa, malversación, negociaciones prohibidas a funcionarios y falsedad documental por varios contratos realizados por altos cargos de la Junta de Andalucía en época del PSOE para supervisar los polémicos cursos de formación, bajo el gobierno de José Antonio Griñán.
En 2018, el PP exigió además la dimisión inmediata de Cuenca tras destaparse que en el portal de
transparencia del Ayuntamiento constaba un falso máster que nunca hizo.

La alcaldesa símbolo del PSC
La alcaldesa de L’Hospitalet de Llobregat y presidenta de la Diputación de Barcelona, la socialista Núria Marín, está siendo investigada por una supuesta trama de desvío de fondos.
La investigación se centra en si el Consell Esportiu de L’Hospitalet, entidad privada dedicada a la promoción del deporte escolar, destinó a fines particulares algunas de las ayudas públicas que gestiona, y justificó las subvenciones concedidas mediante documentación falsa.
En esta causa han sido detenidas 13 personas.
A Miquel Iceta le ha saltado por los aires su estrategia para la campaña electoral del 14-F. La Policía, tras una investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), ha detenido a la presidenta de la Diputación de Barcelona y alcaldesa socialista de Hospitalet, Nuria Marín, número tres de Iceta y presidenta del PSC, la dirigente socialista que más poder público atesora en Cataluña.
Es además, miembro de la Ejecutiva Federal de Pedro Sánchez.
Tras ser interrogada en las dependencias de la UDEF en la comisaria barcelonesa de La Verneda, Marín ha quedado en libertad, pero imputada por malversación de caudales públicos y falsedad documental y con la obligación de comparecer ante la titular del Juzgado de Instrucción 2 de Hospitalet cuando sea requerida.
La detención de Marín parte de una investigación de la Policía Nacional que derivó en la detención el pasado 10 de junio de dos concejales de su equipo:  Cristian Alcázar, que se mantiene como segundo teniente de alcalde, y Cristóbal Plaza, que dimitió como responsable de deportes aunque no renunció a su acta de concejal por el PSC.
La UDEF registró entonces la sede del Consejo Deportivo de Hospitalet, entidad privada dedicada a la promoción del deporte escolar.
Un juez investiga el supuesto desvío de comisiones públicas y de pagos en metálico.
La detención de los dos ediles tuvo como consecuencia en junio una decena más de arrestos, entre ellos el del secretario general del Deporte de la Generalitat, Gerard Figueras, de Junts per Catalunya.
La magistrada investiga si el Consejo de Deportes destinó a fines particulares algunas de las ayudas públicas que gestiona y reparte, y justificó después las subvenciones fraudulentas concedidas mediante documentación falsa.
Según fuentes de la investigación, los miembros de la trama supuestamente ocultaron 400.000 euros en sus cuentas de 2019, al presentar una presunta contabilidad paralela con 900.000 euros.
Al validar supuestamente sin control la realidad contable de estos 900.000 euros, la UDEF sospecha que se posibilitó la concesión de subvenciones públicas por mayor importe que las que habrían correspondido en 2019, en concreto 114.000 euros, por parte del Consejo Catalán del Deporte de la Generalitat, y 250.000 por el ayuntamiento que dirige Nuria Marín.
Tras conocerse la detención de Marín, el portavoz de ERC en la Diputación de Barcelona, Dionís Guiteras, ha pedido su dimisión y que JxCat rompa su pacto con los socialistas en la Diputación barcelonesa, que ella preside.

El hermano de Ximo Puig
La Justicia también investiga al hermano del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, por las ayudas que sus empresas reciben de la Generalitat que preside su hermano. Se investigan la adjudicación y posterior justificación de más de 400.000 euros en ayudas para el valenciano a las empresas de Francis Puig.
Desde que Puig es presidente de la Generalitat las empresas de sus hermanos han incrementado sus ingresos en un 290% después de tres años de pérdidas. Entre las distintas presuntas irregularidades que se investigan se encuentran la presentación de las justificaciones, los requisitos o la falta de control.

La Diputación de Pontevedra
Carmela Silva, presidenta de la Diputación de Pontevedra y mano derecha del alcalde de Vigo, Abel Caballero, vive en uno de sus momentos más delicados tras ratificar el Tribunal Supremo la condena en el caso cuñada, la condena a prisión de un exalto funcionario del Ayuntamiento de Vigo por haber enchufado a la cuñada de la dirigente socialista.
El condenado, Francisco Javier G.O., promovió la adjudicación irregular de varios contratos menores a una concesionaria municipal con la finalidad de pagarle un salario a la familiar de Silva.

Espadas, su mujer y el caso Faffe
Otro de los casos más recientes afecta al nuevo líder del PSOE andaluz, Juan Espadas. Su mujer, Carmen Ibanco, ha tenido que comparecer por su contratación irregular en la Faffe, durante la comisión de investigación que lleva a cabo el Parlamento. Y ahora se investiga la Empresa de Gestión Ambiental (Egmasa), en la que Espadas estuvo al frente con varios cargos, entre ellos el de presidente de 2004 a 2008, por el desvío de 21,6 millones de euros.
Casos todos ellos que no han provocado el mínimo interés por los partidos que sostienen al PSOE en el Gobierno. Ni tampoco el más mínimo reproche desde Ferraz ni desde La Moncloa.

Como consecuencia se puede deducir, que estos RUINES y MISERABLES socio-comunistas, los los menos indicados para dar consejos, ni tampoco para hablar de los casos de otros partidos, y aunque su máximo interés sea el tratar de ocultar o por lo menos no airear sus trapicheos y chanchullos, somos muchos los que no olvidamos la ruina que acarrean los socialistas cada vez que asumen el poder.

Luis Francisco Padilla